Los diarios de tirada provincial Información y La Verdad (y recogidas sus noticias por Catral digital) se hacen eco en el día de hoy de la celebración ayer en la Casa de Cultura de Catral, de una reunión informativa convocada por la denominada Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU) a la que, al parecer, asistieron entre cerca de trescientas personas (según La Verdad) y cuatrocientas personas (según Información) y en la que AECU manifestó su intención y recabó el apoyo de los asistentes para ejercer acciones jurisdiccionales contra el Ayuntamiento de Catral, si éste no rectifica en su intención de que los propietarios de las viviendas fuera de ordenación del municipio, se hagan cargo de parte del coste de las infraestructuras necesarias para poder otorgarles licencias de obra. Y no se para ahí. También pretende demandar a la Generalitat Valenciana y a los promotores; al mismísimo Colegio de Arquitectos; y, por último, recurrir al Defensor del Pueblo para pedir su auxilio.

            Lo primero que tendríamos que plantearnos es si esas demandas son viables. Nos tranquiliza lo único que vemos sensato de todo lo que los corresponsales informan: que se va a pedir la opinión del profesor de la Universidad de Alicante Don Juan José Díez Sánchez. Aguardamos ansiosos su dictamen.

            Toda persona está en su derecho de ejercer acciones ante los Jueces y Tribunales, contra quien estime conveniente. Allá cada cual con las consecuencias de ese ejercicio, que entendemos fundamental en un Estado de Derecho, pues la labor revisora del Poder Judicial es imprescindible. Ahora bien, con independencia de ello, es necesario desenmascarar de una vez por todas a AECU.  Catral digital puede afirmar que estamos ante uno de los enmascaramientos más burdos que se pueden hacer en relación con la defensa de los consumidores, porque resulta que AECU, NO ES UNA ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES.     

            AECU no está inscrita en ninguno de los Registros de Asociaciones de Consumidores y Usuarios ni de España ni de ningún otro país Europeo, requisito imprescindible que exige la Ley para ser considerada como Asociación de Consumidores. Es, simple y llanamente, una asociación cultural que no tiene trascendencia jurídica más allá que la de un club de amigos. No puede ejercer los derechos propios de estas asociaciones que están reconocidos en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

            Por tanto, resulta que se ampara en el nombre para crear confusión sobre la realidad, suponemos que a fin de disipar cualquier tipo de reticencia inicial que se pudiere tener para con ella. Al llamarse como (premeditadamente, entendemos nosotros) se llama, crea un clima de confianza que evita cualquier otra comprobación por aquellos a quienes –supuestamente- pretende defender y no puede, por no estar legitimada para ello.

            Pero ¿por qué no se inscribe AECU en el Registro adecuado? Las Asociaciones de Consumidores se inscriben en España en el Registro del Ministerio de Sanidad y Política Social si son de ámbito nacional; y en los de las Consejerías de Sanidad de los gobiernos autónomos si sólo son de estos territorios. Estos organismos les exigen una serie de requisitos tendentes, fundamentalmente, a dar la máxima transparencia a las asociaciones que se inscriban. Así, deben depositar las cuentas anualmente, haciéndolas públicas, realizar periódicamente y comunicar el resultado de las elecciones a sus cargos directivos, elaborar y aprobar un presupuesto anual, etc. A cambio, además de ser declaradas de utilidad pública y tener derecho a la justicia gratuita en los términos previstos en la Ley, pueden solicitar las subvenciones que las Administraciones públicas convocan para coadyuvar con sus gastos. No somos dados a especular, pero la duda necesariamente surge: ¿no será que a AECU –o a sus escasos dirigentes- no le conviene esa transparencia?

            Lo cierto es que esta asociación, al no estar inscrita donde debiera estarlo para ser, efectivamente, una asociación defensora de los consumidores (como lo es, por poner un ejemplo catralense, la Asociación de Amas de Casa Lucentum), se conduce de modo sospechoso y, a la vista está, enmascarando su realidad. Además no se entiende bien su objetivo. Lo comparamos al hecho de constituir un club deportivo y luego no inscribirlo en la correspondiente federación para competir. ¿Se pretende sólo en tales casos la mera exhibición?